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STATO NOSTRO: QUÉ HAY TRAS EL MONOPOLIO DE LA LOTERÍA. El Comercio 24 XI 07
POR ROBERTO AGUILAR
Tomado de EL COMERCIO 24 X! 2007
En Abril de 1893, el Tribunal de Cuentas (equivalente a la actual Contraloría) del gobierno liberal católico de Luis Cordero, en aplicación de la Ley Nacional de Hacienda, pidió conocer la contabilidad de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, organismo que había sido establecido por ordenanza municipal seis años antes. La Junta analizó el pedido de la entidad y se negó a complacerlo.
Entre 1904 y 1908, el gobierno liberal radical de Eloy Alfaro quiso implantar el primer sistema de asistencia social y salud pública de la historia del Ecuador y dictó, entre otras leyes, la de Beneficencia. Esta ley asignaba a la Junta de Guayaquil jurisdicción sobre toda la costa, incluidas las provincias de Manabí y Esmeraldas. Pero la Junta se negó a acatarla.
Entre 1925 y 1932, los sucesivos gobiernos reformistas de la Revolución Juliana e Isidro Ayora pugnaron por imponer un sistema nacional de Asistencia Pública que, por primera vez, atribuía al Estado la responsabilidad de velar por el bienestar de los pobres, en lugar de dejársela a los ricos. Una vez más, la Junta se negó a entrar en el sistema.
En Noviembre de 1963, un gobierno militar creó la Subsecretaría de Salud, que pronto se convirtió en ministerio, con el fin de centralizar la planificación de toda acción en el campo de la salud pública, tal como recetaban las políticas desarrollistas y cepalinas de la época. Por cuarta ocasión, la Junta de Beneficencia de Guayaquil se resistió.
La Junta se impuso sobre el Estado y logró que prevalecieran sus intereses en cada uno de estos episodios históricos. Las causas y consecuencias de todos ellos se analizan profunda y extensamente en un documentadísimo estudio de la socióloga Patricia de la Torre: “Stato nostro”, publicado en 1999. Conviene volver a leerlo en momentos en que la Junta de Beneficencia y el Estado se encuentran a punto de librar, según apuntan todos los indicios, su quinto gran enfrentamiento histórico.
Hoy resulta fácil afirmar que, mientras los hospitales del Estado son un caos, los de la Junta funcionan como un reloj y brillan como un anís: y que sin ellos, la ciudad sería Calcuta. Lo cierto es que, en sus 120 años de historia, la Junta de Beneficencia de Guayaquil ha boicoteado sistemáticamente todos los intentos del Estado por establecer un sistema de salud de alcance nacional y visiones modernas. A cambio, ha perpetuado una concepción propia de la Colonia, según la cual la asistencia pública es un instrumento de legitimación política ligado a intereses corporativos a escala local o, mejor dicho, municipal.
La pervivencia de semejante sistema al interior de la República vuelve difusos los límites entre lo público y lo privado, entre lo nacional y lo local. Siempre en beneficio de lo privado y de lo local. Se funda sobre el equívoco de atribuir al poder local el mismo estatuto que al nacional, es decir, considera que el gobierno municipal es no solo autónomo y representativo, sino también soberano. Con una soberanía que se superpone a la del Estado. Esa soberanía de lo local frente a lo nacional legitima la supuesta autonomía y representatividad de lo privado frente a lo público.
Tal concepción (colonial, insisto) se encuentra en la base del actual proyecto autonomista del patriciado guayaquileño. Por eso, el debate sobre las relaciones entre la Beneficencia y el Estado no puede agotarse en el elemental ejercicio de comparar la calidad de los hospitales de una y otra. Ese es un problema real pero que debe verse en su contexto: el hecho de que la Junta brinde mejor atención de salud que el Estado no hace sino volver aparentemente irresoluble un problema que no es de salud pública, sino de poder político.
